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Una mirada política de la Historia. Cuarta Parte

julio 20, 2008

 

Juan Perón e Isabel, en el balcón

Situación internacional: Trilateral Comisión y la aparición del poder financiero. Reconstrucción y Liberación Nacional. Perón y los ejes de su poder. Apresurados y retardatarios. Los fragoteros. ¿Por qué un nuevo golpe militar?

 

  • Situación internacional: Trilateral Comisión y la aparición del poder financiero.

 

    En un mundo bipolar y un Tercer Mundo activo, las empresas petroleras (especialmente Shell y Standard Oil) son las primeras en alertar sobre el problema que trae aparejado esta doble tensión: este-oeste (guerra fría) y norte-sur (proceso de liberación), tras lo cual comenzaron a concebir la necesidad de poder trazarse políticas propias y acorde con sus intereses pero que a su vez, sean independientes de la que lleven los estados donde se encuentran sus casas matrices.

 

 

                                                                    

Gamal Nasser

    Así, en 1954, se convocará a un cónclave de altas finanzas europeo-estadounidense que se conocerá como las reuniones “Bil”[1] y de las cuales habrá más de cuarenta.

 

    La globalización está en marcha, lo que queda claro es que no hay una sola forma de comprenderla: las dos potencias vencedoras la piensan como un enorme sistema bipolar o de convivencia imperialista; los pueblos en un intento de integración como tercera posición frente a los grandes centros de poder y las corporaciones, como una independencia de las políticas de los estados nacionales.

 

    En forma paralela a las reuniones “Bil” y ya en 1959, aparece una respuesta integral a la problemática expresada en ellas: el llamado “Club de Roma” elaborará una respuesta supranacional a los problemas científicos, culturales, económicos y políticos que se expresarán finalmente en el informe The limits to growth.  En el trabajarán funcionarios gubernamentales, empresarios y financistas franceses, italianos y belgas (Barrè, Agnelli y Tindergen) para desarrollar una planificación global y sus riesgos, transformándose con el tiempo en parte de una misma estructura con las “Bil”, en donde ya participan personajes como Rockefeller, Blumenthal, Brzezinski y Cooper que representan el poder financiero y político de los Estados Unidos.

 

    Esta nueva actitud ante la política externa de los estados nacionales y su correspondiente planificación de acción independiente redefinen el concepto de empresa: se comenzará a hablar de «corporación transnacional». 

 

    Donald D. Kircher, presidente de Singer Co. (una de las grandes empresas del siglo XIX y principios del XX) considera en la década del 60 que una corporación participa del ámbito transnacional cuando toma una perspectiva y orientación en sus decisiones gerenciales en forma global, teniendo como correlato el hecho de poseer una creciente cantidad de bienes radicados fuera del país de origen[2].  Así organizada, la corporación adopta todas sus decisiones utilizando sus recursos -gerencia, personal de toda índole, tecnología, pericia comercial, fondos- sobre una base mundial en donde incluso su «mercado doméstico» ya forma parte del mercado mundial y entra en competencia[3].

 

    En 1970, Zbigniew Brzezinski publica en Estados Unidos Between two Ages, obra que refleja el pensar tanto de las “Bil”, el Club de Roma como el de los círculos de poder estadounidenses: la nueva situación que se abre es entendida como producto de estar entre dos edades, la industrial -más cerca del siglo XIX- y la post-industrial, vanguardia del siglo XXI.  Se abre según el autor, una etapa de fragilidad, de falta de certeza… En definitiva comienza a entreverse lo que luego se denominará la post-modernidad.

 

    A su vez, en la reunión “Bil” celebrada en Bélgica en 1972 fue presentada por Rockefeller la posibilidad de formalizar una alianza trilateral entre grandes corporaciones empresarias estadounidenses, europeas y japonesas y, el 24 de octubre de 1973 -junto a la crisis energética y monetaria (a las cuales nos hemos referido) y el desarrollo del escándalo Watergate[4]– se reúnen en Tokio 180 representantes de las empresas más grandes del mundo, fundando en ese hecho la Trilateral Comission.

 

    En los 70, la corporación transnacional no solo transfiere el capital y las técnicas de dirección al exterior; se ha convertido también en un mecanismo de organización para la transferencia de la producción industrial a países de salarios bajos, y de sus técnicas de dirección y tecnología a los países industriales avanzados, conservando el control -y las ganancias- en ambos extremos[5].

 

    A partir de la resolución de la «crisis del petróleo» comienzan a tener preponderancia en este mundo globalizado, los bancos y entidades financieras.  Más precisamente, comenzará un proceso de colocación de los llamados “petrodólares” en los países periféricos a muy bajo interés y sin demasiadas evaluaciones de riesgo y ya en la década del 80, comenzar el juego perverso del aumento de los intereses, luego la capitalización de los mismos cuando están impagos, generando finalmente «deudas eternas».

 

Boleta del FREJULI

    El triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima el 11 de marzo de 1973, no solo señaló la salida de un proceso dictatorial y el regreso del Peronismo, sino fundamentalmente, la posibilidad de alcanzar la paz social.  Esa era la expectativa que compartía la mayoría de la población.

 

 

 

    En este tercer gobierno peronista aparecen cambios en el modelo de organización política, social y económica respecto del desarrollado en la década del ’50.  El propio general Perón en 1974 sostiene que treinta años de lucha política, en el pensamiento,  la acción y la reflexión, me han suscitado la convicción de que nuestra  Argentina necesita definir y escribir un Proyecto Nacional[6]

 
    Una vez más, el Peronismo plantea la necesidad de planificar toda la acción del Gobierno,  encuadrándola en un  proyecto comunitario y cuyo resultado es el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional.  El punto de partida de éste es el Acta de Compromiso Nacional firmada el 8 de junio de 1973 entre José Ignacio Rucci por la Confederación General del Trabajo, Julio Broner por la Confederación General Económica y José ber Gelbard[7] por el Gobierno, sellando institucionalmente el denominado «pacto social».

 

    El Acta comienza afirmando que ante la penosa situación de las finanzas públicas, el proceso de desnacionalización económica y financiera, el ritmo incontenible del proceso inflacionario y su correlativo permanente: el deterioro del salario, el vaciamiento poblacional del interior, la desocupación -alarmante en algunas regiones del país- la quiebra de empresas agobiadas por el peso financiero, los vicios de la estructura de comercialización, la existencia de injustos privilegios, la depresión del mercado interno y el deterioro de vastas regiones del interior del país; el Gobierno popular entiende que la crítica situación nacional exige, como medio para encaminar el proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional, y lograr el objetivo enunciado, la adopción de un compromiso que implica renunciamientos y esfuerzos de todos los sectores sociales de la comunidad, pero que necesariamente deberán ser mayores por parte de aquellos que tienen más capacidad para realizarlos[8].

 

    La mencionada Acta sostiene que no es un acuerdo coyuntural de precios y salarios, es la definición de una acción política irreversible. Es decir, se trata de una alianza entre el movimiento obrero organizado y las entidades empresarias con vistas a la acción política que constituía el plan de gobierno, o sea, también era un pacto político[9].

 

    En la existencia del «pacto social» convergen una serie de voluntades colectivas que buscan transformarlo en una política de estado, allí aparece la CGE, la CGT y el accionar político de Perón desde la conformación de “La Hora del Pueblo”, sumando a la Unión Cívica Radical a la convocatoria a un proyecto que implica dicho pacto  para  fortalecer el sistema político y  la estructura de poder que garantizaría la legitimidad de la democracia.

 

    El pacto social posibilitaría la rehabilitación de las instituciones políticas.  En él tendrá su lugar el sistema representativo de partidos pero también una participación de las instituciones del capital y el trabajo.   Por su parte, la estabilidad política, la reorganización del poder del estado, exigen la aceptación, por parte de todos los  sectores políticos, de un marco de referencia compartido -lo que constituye una cultura política- cuyo signo más elocuente es la persecución de la justicia social. Ella consiste en la adecuada repartición de la riqueza que el país produce, lo único que el gobierno justicialista garantiza es que no haya injusticias en el reparto de los beneficios, y  que cada argentino tenga acceso a la propiedad, a la dignidad, a la felicidad[10]. No se trata aquí de una mera consigna o propaganda, la existencia de una cultura política centrada en la justicia social significaba comenzar a compartir el punto de vista desde donde pensar y actuar políticamente.

 

    Es posible advertir hoy el problema que tiene que resolver ese pacto que logra incorporar solo a una fracción del empresariado, si bien cuantitativa, política y dinámicamente importante, dejaba de lado a un sector que representaba a la oligarquía nacional y las grandes corporaciones transnacionales.  También es cierto que mientras Perón fuera el gobernante, al menos estas últimas mantendrían un diálogo con él por el enorme poder que concentraba, pero pasada la euforia inicial y particularmente después de la muerte de Perón, las grandes corporaciones y la oligarquía se irán apartando como «socios externos» del pacto y comenzarán a aparecer como enemigos del Gobierno.

 

    En ese pacto se preveía un aumento de salarios fijo para todos los trabajadores y el compromiso empresarial de absorber ese incremento de costos, sobre la base de que los salarios reales se hallaban a un nivel relativo bajo a fines de mayo de 1973.  Se pactaba una pauta de distribución funcional del ingreso para los siguientes cuatro años, con participación moderadamente creciente de los ingresos de los trabajadores.  A partir de junio de 1973 quedaban congelados -en general- los precios mayoristas, márgenes de comercialización y salarios.  Los primeros se ajustarían individualmente si los interesados lograban demostrar ante las autoridades de control de precios que habían experimentado aumentos de costos, lo cual tenía una particular importancia pues, históricamente, en Argentina los márgenes de ganancia eran de alrededor del 100%.  Los salarios nominales se revisarían cada vez que, en términos reales, quedaran 5% por debajo de lo necesario para alcanzar el porcentaje pactado de distribución de ingreso.

 

 

    Por otra parte, la autoridad de control de precios dispuso, en algunos casos con consentimiento de los fabricantes, la rebaja de precios de algunos productos que, de otro modo, habrían quedado congelados a un nivel relativo demasiado alto en comparación con su promedio histórico, entre los cuales el precio de la carne fue el más significativo.

 

    En realidad, el período exitoso de esta política va de junio de 1973 a abril de 1974, aunque a fines de 1973 comienzan a experimentarse presiones internas de costos por alza de precios de insumos intermedios importados.

 

 

                                    *  Primer trimestre

 

    El plan propone la construcción de 500.000 viviendas que iniciarían la resolución de la crisis habitacional.  Se elevará la capacidad de producción de acero en la ruta del autoabastecimiento, debiendo llegar a los 15 millones de toneladas en 1985, para lo cual se cuenta con un aumento en la capacidad de producción de Somisa de 2.5 millones de toneladas a 4 millones.  Se propone intensificar los esfuerzos de poner en marcha los yacimientos de Sierra Grande como así también se encara la factibilidad de abrir una nueva planta con capacidad de producción de 5 millones de toneladas de acero anuales para 1980.  La escasez de energía hace prever una inversión en el área de 15 mil millones de dólares en el período 1974-1984.  En el área petroquímica se prevé la construcción de 25 plantas elaboradoras de productos básicos, derivados y de consumo final con una inversión de 800 millones de dólares en cuatro años.  Los sectores como salud, seguridad social y educación verán incrementada la inversión en ellos en un 40% anual.

 

José Ber Gelbard

    El ministro de Economía, José ber Gelbard sostiene que las prioridades argentinas son toda la escala de la petroquímica con la supervisión de Fabricaciones Militares, la siderurgia, el carbón de Río Turbio, el petróleo y el puerto de aguas profundas[11].

 

    Para lograr estas metas será inevitable promover un incremento substancial de la corriente inversora dentro del país, haciendo crecer los 6 mil millones de dólares de 1973 y teniendo en cuenta la necesidad de traer capitales del extranjero y empresas que inviertan productivamente en Argentina.

    Frente a todo ello es necesario  una nueva caracterización de la relación entre el gobierno y el estado. Debe tomarse en cuenta que la conducción política se diferencia del gobierno político-administrativo. La conducción es una materia indelegable de quien ejerza la Presidencia, y ese será el lugar de donde provienen las decisiones y acciones que, los mecanismos corrientes del estado llevarán a su ejecución.

 

    Ya en el ámbito del estado, o sea, en la gestión  político-administrativo encontramos que la creación de instituciones está ligada al derecho. El método de creación de éstas debe comenzar por establecer funciones, para lo cual es necesario definir  -en cada caso-  como se cumplirán dichas funciones y cuales serán las responsabilidades concretas a fijar. Ello permite caracterizar el marco jurídico en el cual tiene que funcionar.

 

    Este marco jurídico debe incluir no solo la creación  y función de los respectivos entes sino también la relación entre los distintos entes y la naturaleza, características y formas de uso de los medios a utilizar.  Constituir las  instituciones  primero y conferirles funciones después da lugar al nacimiento de burocracias que, sin objetivos claros, concluyen siendo un fin en sí mismas y sirviendo solo a la autoconservación[12].

 

    El marco político que Perón plantea para llevar a cabo la reconstrucción del estado y la Nación era lo que él llamará la «democracia social». Esta a diferencia de la concepción liberal de democracia reconoce y alberga en su seno a las organizaciones intermedias que junto a los partidos políticos responden a grupos sociales o profesionales, dando a la comunidad la fisonomía real. 

    El eje de este sistema democrático propuesto es la participación en el marco de la justicia social.  El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos, cuyo eficiente funcionamiento ha dado a este recinto [Congreso de la Nación] su capacidad de elaborar historia.  Pero también el hombre se expresa a través de su condición de trabajador, intelectual, empresario, militar, sacerdote, etc.  Como tal tiene que participar en otro tipo de recinto: el Consejo para el Proyecto Nacional que habremos de crear enfocando su tarea solo hacia esa gran obra en la que todo el país tiene que empeñarse[13].

 

    Sostiene Perón en su mensaje al Congreso de la Nación el 1º de mayo de 1974 que se percibe ya con firmeza que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que, a pocas décadas del presente, nos puede conducir a formas integradas, tanto en el orden económico como en el político […] La pertinacia de levantar fronteras ideológicas no hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de construcción de una sociedad mundial.  Para ello, la etapa del continentalismo configura una transición necesaria.  Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin imperialismos locales y pequeños[14].

 

    Esta democracia social que plantea es la actualización que el Peronismo[15] necesita para reconstruir una estructura de poder que le permita reconstruir el estado como parte de un proceso más amplio que  buscaba la reconstitución de la red de solidaridad social, corroída por dieciocho años de antagonismo peronismo-antiperonismo, de intolerancia mutua.  Con un pluralismo real que respeta las  decisiones del pueblo, descartando tanto la concepción de partido único como la multiplicidad de partidos irrelevantes; también concibe un pluralismo social organizado por representaciones de las grandes fuerzas de la sociedad: el trabajo, el empresariado, los profesionales, etc.  que  se podrían  expresar por medio de una instancia sugerida por  el propio Perón y que denomina Consejo para el Proyecto Nacional.  Institucionalmente, Perón piensa en un Consejo de Estado compuesto por los representantes de las principales fuerzas políticas del país.

 

    Al diseñar este modelo, Perón dedica un párrafo que marca la diferencia entre éste y un modelo ideal, allí señala que la apelación a la utopía es, con frecuencia, un cómodo pretexto cuando se quiere rehuir las tareas concretas y refugiarse en un mundo imaginario; vivir en un futuro hipotético significa deponer las responsabilidades inmediatas.  También es frecuente presentar situaciones utópicas para hacer fracasar auténticos procesos revolucionarios.  Nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal  para mantenerlo abierto a la realidad del futuro[16].            

 

    Tal como afirmáramos líneas arriba, en el más alto nivel de conducción de la Nación aparecen dos instancias: la conducción política y la político-administrativa.  La primera atiende  a la estructura del poder, y la segunda a la administración del país y del gobierno. Además, la conducción del sector político-administrativo exige coordinación de la acción ministerial.  Cada ministerio será concebido como un ámbito de específica responsabilidad.  Pero la instancia político-administrativa es, intrínsecamente, interdisciplinaria.  Para ello el Presidente de la Nación deberá contar con un funcionario encargado de la coordinación ministerial a la manera de un primer ministro dependiente del Presidente. 

 

    El Congreso Nacional es llamado a participar  activamente en el proceso de programación de la estructura institucional del país, como así también, a la revisión periódica y actualización de las normas.

 

    El primer paquete de proyectos de ley enviados al Parlamento eran una prueba elocuente del rumbo que tomaba la reconstrucción; se presentan alrededor de 40 leyes y acuerdos que contemplaban al sector  agropecuario (uso de la tierra e intervención estatal en las exportaciones  agropecuarias);  al sector industrial (protección industrial, desarrollo de la pequeña empresa, promoción industrial e inversiones  extranjeras); a las exportaciones industriales y el comercio con el  bloque socialista; las reformas financieras y fiscales, la  organización del sector estatal; los controles de precios y ganancias que hacen al costo de vida; la organización de los sindicatos;  regularización de los contratos de trabajo y, finalmente, la seguridad social  y salud de la población.  

 

Peron y Rucci

                                           

    En este sentido se buscará un planteo equitativo de modo de lograr la  distribución del ingreso nacional en términos de absoluta equidad: 50% para el capital y 50% para el trabajo,  en lugar de 67/65% y 33/35% respectivamente como se da desde 1956.     

 

    También hubo nuevas y  ampliadas funciones de las Juntas de Carnes y Granos (ley 20535/73 y 20560/73).  Esta ampliación constituyó una continuidad «aggiornada» del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) que existiera en los primeros gobiernos justicialistas.  En ambas oportunidades se pensaba que los oligopolios comerciales privados que operaban en el país reducían el precio pagado a los  productores y además no elevaban al máximo el precio  de  exportación  obtenido por el país; por añadidura, las firmas exportadoras, mediante políticas internas de fijación de precios, podían colocar sus ganancias  dentro o fuera del país, según las circunstancias.

 

    La respuesta del agro no se hizo esperar.  Tanto la Federación Agraria Argentina como la Sociedad Rural Argentina intentan extorsionar al Gobierno sosteniendo que si no se aumentan el precio sostén del trigo, no habrá «estímulo» para llegar a las 12 millones de toneladas de este cereal, ni las 15 millones de toneladas de maíz ni las 5 de sorgo que el Gobierno requiere.  Por otra parte, los ganaderos que han producido un proceso de recuperación importante desde 1970 donde realizaron importantes ganancias, se suman a las críticas a la política oficial.  Por su parte, el Gobierno sostiene que habrá que distribuir el costo de la política económica de manera equitativa entre todos los sectores, sabiendo que el campo está en situación de soportar un sobreprecio debido a los beneficios que cosechó en los últimos años.  Los empresarios que sostuvieron a la industria nacional, sufrieron los embates de la crisis económica por lo que se plantea como razonable que los que más ganaron, más aporten a la reconstrucción nacional.

 

    El ministro ber Gelbard, al abordar la cuestión con los ganaderos es tajante, está dispuesto a rever la cuestión de los costos tras realizar un censo fotográfico aéreo para fijar la cantidad de cabezas de ganado existentes.  Como es tradicional, en las declaraciones de    bienes como de ganancias, jamás reflejan los ganaderos la cantidad de cabezas de ganado real que poseen o comercializan por lo cual retiraron sus peticiones ante el Gobierno.

 

    Al abordar la cuestión de la producción industrial, la ley 20.545/73, se mantuvo en la misma línea que poseía la ley de «compre argentino» promulgada durante el gobierno del general Levingston e inspirada por su ministro de economía, Aldo Ferrer.  Sin embargo, fue bastante más allá de la regulación de compras por empresas del estado de bienes de capital producidos localmente y aportó una serie  bastante amplia de medidas proteccionistas aptas para frenar la competencia extranjera.  Fue una ley que prestó mucha atención a las exportaciones industriales, a las que asignó prioridad.  Este hecho contribuyó a la ruptura con el esquema de mera sustitución de importaciones.  Formuló el punto de vista de que los altos precios industriales internos se debían básicamente a una suerte de «desequilibrio estructural» y no reflejaban en modo alguno una falta de ventaja comparativa.  Era preciso fijar para cada producto una protección efectiva y rebajas de exportación, con el fin de equiparar sus costos locales con los internacionales, abandonando así la mirada prioritaria hacia el mercado interno.   

 

    La ley de promoción industrial (20.560/73) permitía al gobierno subsidiar proyectos específicos de «interés nacional».  Los requisitos básicos solicitados estipulaban que debían ser proyectos nuevos, que no compitieran con industrias existentes y se instalaran fuera de las zonas desarrolladas.  Aparte de las facilidades impositivas de tipo habitual, la ley autorizaba que el pago de los gravámenes sobre las ventas (posteriormente denominado IVA) fuese diferido por un lapso de hasta quince años, sin ajuste alguno por inflación. En los primeros meses de aplicación de la ley hasta enero de 1974 se aprobaron 203 proyectos que involucraron una fuerza laboral de 25.000 personas y una inversión total de 215 millones de dólares.

 

    Para ordenar y bajar el gasto público, el paso inicial fue la separación del estado administrador del estado empresario, en una escalada que debía culminar con la venta por acciones de empresas públicas en el mercado de valores nacional e internacional.

 

    Así nació la Corporación Nacional de Empresas del Estado (CNEE)   -ley 20558/73- que cambiaba  el  status jurídico de las  empresas públicas -excluidas las militares-  con miras a transformarlas  en compañías  sujetas al derecho comercial privado, siguiendo de alguna manera experiencias europeas al respecto, particularmente la italiana.   El directorio de la CNEE, integrado por una representación tripartita (estado, capital y trabajo)  tenía la misión de  sanearlas y ponerlas en condiciones de convertirse en «sociedades anónimas», que se capitalizarían mediante la venta de acciones a particulares y privatizándose de esa manera las mismas.

 

    Para evitar que el proceso de gradual privatización de las empresas públicas desembocara en una brusca concentración del capital en las grandes corporaciones trasnacionales, también se votó la ley de creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME). Esta legislación permitía que las «pymes»  mantuvieran su carácter de propiedad privada y al mismo tiempo  equilibraran el poder de las grandes empresas en campos específicos como la adquisición  de tecnología, el acceso a los mercados internos y externos, el crédito internacional y el asesoramiento de especialistas en administración de pequeños y medianos emprendimientos productivos.  También por medio de la COPYME podrían participar en un pie de igualdad en la compra de acciones y en el manejo de las empresas públicas que pasarían a manos privadas.

 

        La etapa del «nacionalismo económico» que se desarrolló durante los primeros gobiernos justicialistas debía transformarse debido a una nueva situación -tanto nacional como internacional- donde las naciones aceptan ampliar sus fronteras económicas y asimilan la revolución científico tecnológica que trae nuevos y más competitivos métodos de producción.

 

    Acorde con esta posición se promulgó la ley 20.557/73 relativa a las inversiones extranjeras.  Se inspiraba explícitamente en la Resolución 24 del Acuerdo de Cartagena, firmado por los países del Pacto Andino y cuya principal preocupación era el peligro de que la excesiva intervención de inversores extranjeros en el desarrollo del país pudiese significar que el centro de las decisiones cruciales de la economía nacional sean las  corporaciones transnacionales como así también, que la tecnología que se introduzca esté ligada a los grupos privilegiados[17]. Su principal propósito consistía en revertir la tendencia de la penetración extranjera en la economía, particularmente en el sector industrial, iniciada en  1952 e intensificado entre  1958 y  1962 -interrumpida durante el gobierno radical de 1963 a 1966- y que había alcanzado un punto en que las inversiones extranjeras poseían alrededor de un tercio del sector manufacturero, medido en aportes al PBI.

 

    Al Ministro de Economía se le encargó el proyecto y la puesta en práctica de las negociaciones con Cuba, la Unión Soviética y Polonia con el objeto de abrir un nuevo mercado para los productos argentinos y una alternativa para proveerse de maquinarias y herramientas.                           

 

    En lo referido a la reforma financiera, el principal propósito de la ley 20.520/73, consistía en dar al Banco Central mayor poder directo en la determinación del volumen total del crédito y el dinero en circulación.  El nuevo sistema representó un  perfeccionamiento respecto del ensayado entre 1946 y 1955, pues en aquel caso se tomaron como base fija para toda futura asignación de crédito los depósitos existentes en cada banco a la fecha de dictarse la ley.

 

    La nueva ley trataba de romper la relación entre los depósitos efectuados por el público en el sistema bancario y el total de crédito otorgado a la comunidad. La función de crear dinero, que había sido compartida entre el sistema bancario y el Banco Central, fue transferida por completo al segundo, que había de tener facultades absolutas y directas para determinar la oferta del mismo.  La reforma apareció como una medida fundamental de política antimonetarista[18].

 

 

 

    La reforma del sistema impositivo se ejecutó mediante un grupo de leyes a las que se había integrado muchas de las sugerencias del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y la Asociación Argentina de Política Fiscal.

 
    La reforma del sistema impositivo se ejecutó mediante un grupo de leyes a las que se había integrado muchas de las sugerencias del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y la Asociación Argentina de Política Fiscal.

 

    El espíritu general era ampliar la definición de los beneficios sujetos a imposición progresiva.  Uno de los cambios más importantes consistió en la tentativa de identificar a los propietarios de activos y a las fuentes de ingresos (20.643/73 y 20627/73).  Bajo el sistema anterior los contribuyentes se abstenían de informar la propiedad de acciones o la percepción de dividendos y pagaban una tasa fija, pero no la más alta. La nueva legislación dispuso la identificación de los dueños de acciones, tanto para los fines fiscales como para la determinación de la nacionalidad de los accionistas, de acuerdo con las prácticas seguidas en los Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros. 

 

    Con arreglo a las disposiciones anteriores, las compañías pagaban impuesto a los réditos en nombre de los accionistas, quienes, si no eran identificados, no tenían obligación de pagar nada más.  La nueva legislación distinguió entre las ganancias de las compañías, que quedaron sujetas a un impuesto que les era propio, y los dividendos de los accionistas, a los que aplicó un impuesto progresivo a los réditos personales.

 

    En el caso del impuesto al capital (20.629/73) se dispuso la obligación de declarar las propiedades de toda índole, incluso las acciones, sobre todo lo cual se aplicaría un impuesto progresivo (al capital) con excepción de la tierra.

 

    Las firmas extranjeras recibieron un tratamiento diferencial, pues debieron pagar además del impuesto a las sociedades anónimas, un gravamen adicional que igualara al pagado por el accionista argentino perteneciente a la categoría de más altos ingresos.  Los pagos efectuados a las casas centrales por conocimientos especializados y tecnología no fueron aceptados como gastos, sino tratados como ganancias ocultas y gravados de acuerdo con ello.

 

    El sistema de seguridad social creado en los primeros gobiernos justicialistas se había mantenido en grandes rasgos.  Dentro de él se crea a través de la ley 20.748/74 el Sistema Nacional Integrado de Salud por el cual el estado -al igual que en muchos países europeos- se responsabiliza de proveer los servicios médicos y de fundar un sistema central único que permitiría, entre otras cosas, la redistribución geográfica de los médicos jóvenes, contratándolos para ejercer en los lugares donde existía una carencia profesional.  Ello incluía que en períodos previamente estipulados, el estado asumía el costo de la actualización médica -especialmente de aquellos que se encontraban en lugares alejados de los centros universitarios- como otras tareas propias de la conservación de la salud pública.  En este ámbito se agrega la ley 20118/75 que promueve una nueva ley de jubilaciones.

 

    En el caso de la imposición indirecta se creó el impuesto al valor agregado (IVA, 20.631/73) y por otra ley (20.633/73) se especificaba que desde enero de 1973 a diciembre de 1980 el reparto de la coparticipación federal era de: 48.5% el estado nacional, 48.5% los estados provinciales y el 3% se destinaba a la creación de un fondo especial de desarrollo regional. El incremento de la participación provincial fue mayor aun con los cambios de la legislación a fines de 1973 y en 1975, las provincias recibieron el 60.8% por coparticipación federal.

 

    El gobierno surgido en 1973 va cosechando algunos logros importantes pero que necesitaban de su consolidación.  El crecimiento de la economía pasó del 3.5% en 1972 al 5.8 en 1973 y 6.3% en 1974; la tasa de desempleo bajó del 6.1% en abril de 1973 a 2.5 en octubre de 1974; la participación de los salarios en el PBI subió del 35% en 1973 al 42% en 1974.

 

  • Perón y los ejes de su poder.

 

Peron e Isabel saludan a la gente

 El 24 de septiembre de 1973 y tras haber renunciado el presidente Cámpora se convoca a nuevas elecciones presidenciales en las que triunfa la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón por más del 60% de los votos.

 

 

 

    El triunfo aplastante de Perón, su asunción como presidente y el alejamiento del Gobierno de aquellos políticos y funcionarios más cercanos a la llamada «izquierda del peronismo» comenzó a resquebrajar su relación con el líder del Movimiento.  A esta situación se le suma el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario de la CGT y pieza clave en el dispositivo de Perón, pocos días antes de la asunción.  Este no es un hecho de violencia más, en primer lugar se produce bajo un gobierno democrático, lo cual habla a las claras hacia quien va dirigida esa acción.  Es en contra del Gobierno y de Perón, por otra parte, la metodología utilizada inaugura en Argentina un sistema de violencia antes no utilizado: la contratación de mercenarios, en este caso y según las investigaciones del general Iñiguez -Jefe de la Policía Federal- los mismos serían extranjeros.  En su asesinato confluyeron un plexo complejo de intereses[19].

 
                                   

 

    A partir de 1973 surge una situación original en el terreno político: hasta poco tiempo antes, para muchos civiles y militares  había en el plano político un elemento impotable,  difícil de asumir, materializado en la persona de Juan D. Perón. Por otra parte, existía el Justicialismo como una realidad que era necesario aceptar y que debía  ser asimilada, integrada  al proceso político.  Pero a partir del triunfo justicialista el planteo se invierte.  Y para esos sectores Perón surge como el elemento aceptable y en cambio, el Justicialismo, es la fuerza sospechable por heterogénea y confusa.

 

    El politólogo Natalio Botana analiza la situación y sostiene que el futuro del Justicialismo está ligado al futuro del país.  El Justicialismo no es todo el pueblo argentino, pero hoy representa una abrumadora mayoría Frente a esta realidad se plantean (entre otros) dos problemas fundamentales: uno es la institucionalización del país; el otro es la institucionalización del Movimiento Justicialista como fuerza organizada que prestaría apoyo al nuevo régimen político en ciernes.

 

    Un proceso de institucionalización presupone  -continua Botana-  un principio de legitimidad que le otorgue sentido y permanencia histórica.  Tras los regímenes políticos juegan diversos intereses, pero también intervienen valores últimos, principios éticos o, si se quiere, una visión del orden jurídico y de la sociedad deseable, sobre las cuales, por lo general, no existe consenso sino conflicto. La sociedad argentina está cruzada por muchos principios de legitimidad: los nostálgicos del régimen burocrático-autoritario de 1966 y los de los peronistas de 1950; el socialismo nacional, proyecto más preocupado por explicar un modelo de liberación económica y cultural que atento a la definición de los presupuestos políticos que lo harían efectivos y, finalmente, el proyecto que busca edificar un régimen de democracia constitucional y pluralista fundado sobre el recíproco respeto entre mayorías y minorías.  Este proyecto tiene como antecedentes los acuerdos interpartidarios que se realizaron a partir de 1970 y ha sido ratificado por el Presidente de la Nación [Perón] quien asumió este principio de legitimidad como norte de una acción compartida, afirmando el concepto de «democracia integrada»[20].

 

    En esta búsqueda de una legalidad que permitiera aferrar al Peronismo y al nuevo Gobierno a un esquema partidocrático, el primero se mostraba como una «bolsa de gatos». 

 

    El entonces diputado radical Antonio Tróccoli  sostiene  que  estos son problemas serios pero naturales en todo movimiento que comienza su institucionalización -experiencia que hizo el radicalismo entre 1890 y 1912-.  Por su parte, otro sector del radicalismo representado por Rodolfo Terragno hacía otro relato de la situación: Hace 25 años el Justicialismo propuso al país y, sobre todo, a los sectores tradicionalmente postergados una doctrina difusa pero, de todos modos, apta para responder a la situación de injusticia interna y subordinación a intereses externos que caracterizaba esa época […] En 1973 coexisten en el Justicialismo los sectores tradicionales que, por inercia, falta de imaginación o espíritu conservador, pretenden  cristalizar la doctrina rechazando su actualización; y los sectores innovadores, reclutados especialmente entre los jóvenes […] la versión oficial del Justicialismo lo muestra como una fuerza inmovilista, sin demasiadas perspectivas de futuro[21].    

 

    Unos meses después, el mismo Terragno sintetiza la visión de un político de «cultura partidista» respecto del movimiento que sigue siendo el Justicialismo, sosteniendo que a Perón nunca le interesó un partido orgánico, sino un esquema de fuerzas que trascendía el espacio partidario; siendo la ecuación personal de Perón impedir que se institucionalizara el movimiento a la manera, por ejemplo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano[22].

 

    Mientras tanto, Perón busca concretar por medio del pacto social y el Plan Trienal, la posibilidad de un gobierno basado en un consenso socio-económico. En la etapa primera, que se define como «reconstrucción», una de las prioridades era la reformulación del estado y alcanzar la paz social, para pasar a una segunda etapa «de liberación» donde se avanzaría sobre los resortes fundamentales de un desarrollo independiente. Contra lo que pensaban algunos jóvenes, especialmente aquellos que habían estado en el entorno de Montoneros y la Tendencia, no se trataba de la liquidación del capitalismo; el propio Perón afirma que el antiguo sistema demo-liberal capitalista ha muerto. Hay algunos que todavía lo defienden, y yo he encontrado tontos que suspiran por lo que pasaba en el Medioevo. De manera que no debe admirarnos que haya quien suspire por el demo-liberalismo capitalista, hoy totalmente superado por la evolución[23].

 
        La concertación que proponía el pacto tenía como eje sobre el cual se articulaba, una hegemonía concertada. Tanto la CGT como la CGE por sobre la parcialidad que representaban, reconocen que es posible una hegemonía compartida en torno a Perón, garante del funcionamiento de esta estructura de poder, lo cual se traducía en el reconocimiento de su autoridad personal y en el acuerdo con los partidos políticos. Trataremos de ser más claros: los intereses contrapuestos que podrían tener los trabajadores y los empresarios quedaban en estado latente en vías a su resolución mediante un proyecto más abarcador que el de los intereses parciales y del que era portador Perón. Al consolidar así su liderazgo, lograba que los partidos políticos convergieran como garantía del cumplimiento de los acuerdos[24].

 

    Esta estructuración del poder institucionalizada muestra un estilo de conducción que los politólogos caracterizan como «autoridad racional»[25], donde el liderazgo carismático cumple una función mediadora entre los intereses reales de la sociedad y las representaciones de las parcialidades que la conforman.

 

    Cuando Perón afirma que el sistema demo-liberal capitalista ha muerto, se refiere a que ha sido reemplazado por la democracia social y un capitalismo organizado como había visto en Europa, donde la crisis en la gestión social induce a la intervención del estado, para alcanzar un consenso donde los sujetos representativos admitían su mutua dependencia. Así, cada cual puede asumir su rol en corresponsabilidad con el funcionamiento de un todo social.

 

    En el período 1946-1955 el contenido básico del mensaje y la acción peronista era la construcción de la Patria Justa, Libre y Soberana y ello tenía representaciones concretas en la vida cotidiana de los argentinos: era el reconocimiento de la dignidad del trabajador, remuneración justa, acceso a la vivienda, la cobertura social (turismo, salud, jubilación) y lo que podemos denominar una mejor calidad de vida que se expresaba, entre otras cosas, en un aumento de la natalidad.  Entre 1955 y 1973 el contenido está dado por la vuelta a «los días peronistas», o sea, a aquello que se había gozado en los primeros dos gobiernos peronistas.  A partir de 1973 Perón plantea una gran concertación social que busca como resultado la paz y unidad nacional que hagan de marco al desarrollo económico.  El mismo ha señalado el significado de este contenido al afirmar que es necesario la reconstrucción del hombre argentino, empezando por el estado[26].

 

    El 62% de los votos obtenidos por la fórmula Perón-Perón no significaba la derrota del enemigo, más, otorgaba un poder relativo tomando en cuenta que, Argentina había pasado por un período de 18 años de intolerancia política que la mayoría deseaba terminar, pero que el voto solo significaba un apoyo táctico, circunstancial y el verdadero poder solo lo otorgaba la relación de lealtad.   A su vez, un gobierno peronista replegado sobre sus propias fuerzas se convertía a mediano plazo, en un gobierno vulnerable a la presión de los distintos grupos de poder.  También quedaba claro que, el «partido militar y  su camarilla» había retrocedido pero velaba sus armas desde las grandes empresas y los cuarteles. 

 

    La paz y la unidad que permitirían ese proceso de reconstrucción se lograban con la convergencia de radicales y peronistas en el Congreso de la Nación, de sindicalistas y empresarios en el Pacto Social y por el conjunto del pueblo en el sostenimiento del sistema democrático.

 

    Pero dentro mismo de las filas del Peronismo aparecen diversos sectores, cada uno de los cuales posee un «Perón» distinto, donde acentúan uno u otro de sus aspectos lo cual los lleva a tener visiones divergentes de la realidad. 

 

    Uno de esos sectores está representado por las  organizaciones juveniles -quizás el más conflictivo- y sus relaciones con Perón fue por demás compleja.  Por su propia estructura organizativa no era sencillo su incorporación orgánica al Movimiento y, quien mejor sintetizara esta situación es uno de sus dirigentes, Alejandro Alvarez (Guardia de Hierro) quien sostuvo que los jóvenes habían llevado una forma de organización propia de la concepción del partido leninista (organización celular  en cadena, cuadros profesionales, disciplina militar, etc.) sin excluir la que él dirigía.  Ello lo llevaba a concluir que, por concebirse cada organización como una totalidad cerrada, en algún momento se verían  enfrentadas disputando la conducción con Perón.

 

  • Apresurados y retardatarios

 

    La construcción de poder de Perón tiene dos obstáculos internos a los cuales él llamará los «apresurados» y los «retardatarios», que en definitiva eran los que querían imponer la velocidad a que se debían realizar las cosas, pero siempre eran o más rápidos o más lentos que el paso que el pueblo en su mayoría llevaba.

 

Escudo de Montoneros

  La expresión más acabada de «apresurados» la encontramos en una declaración que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros realizan el 9 de junio de 1973 -dos semanas después de haber asumido el Gobierno democrático- donde sostienen: Nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral, es decir la que se hace en todas partes […] y por todos los medios con la participación de todo el pueblo en la lucha y utilizando los más variados métodos de acción, desde la resistencia civil, pasando por las movilizaciones, hasta el uso de las armas[27].

 

    Por si esta declaración pareciera ambigua, quien ejercía la jefatura de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich  interrogado si se proponía abandonar la fuerza  contestó: De ningún modo, ya que el poder político viene de la boca del fusil. Si llegamos a este punto, es porque teníamos fusiles y los usamos. Si los abandonamos sufriremos un retroceso en nuestra posición política[28].  Dos días antes había sostenido su oposición al pacto social en  los  términos en que se planteaba y su apoyo a una alianza de clases[29].  

 

    Esta concepción se reflejaba en un estribillo que tanto Montoneros como su área de influencia agregaban a la marcha “Los Muchachos Peronistas”, en donde sostenían: “ayer fue la Resistencia/ hoy Montoneros y FAR,/ y mañana el pueblo entero,/  en la guerra popular”, en donde claramente aparece  el proyecto montonero: el peronismo era algo propio de los años cuarenta, luego aparece el foco insurreccional que implicaba crear  hechos «revolucionarios» que marcaran puntos sin retorno por lo que, Perón, se viera obligado a aceptar. 

 

           

La comandancia de Montoneros con Arafat

                                             

 

    Claro está que no eran los únicos en tomar esta posición. Cuando el 25 de mayo de 1973 asume un gobierno elegido en forma democrática, el Ejército revolucionario del Pueblo (ERP) -de tendencia troskista- considera que el nuevo gobierno se corresponde con la definición de «bonapartista» que caracteriza al Peronismo y decide continuar la lucha armada.

 

    En septiembre de 1973 fue tomado por el ERP el Comando de Sanidad del Ejército, pocos días antes de que Perón ganara las elecciones con el 62% del electorado, máximo porcentaje que registra la historia argentina. El 25 de septiembre del mismo año asesinan a José Ignacio Rucci -secretario general de la CGT- sin que quede claro quiénes fueron los organizadores, los ejecutores y el aparato logístico[30], cuatro meses después, el ERP atacó al Regimiento de Tiradores Blindados C 10, de Azul (provincia de Buenos Aires). La respuesta del presidente no se hace esperar y es contundente, afirmará: una partida de asaltantes terroristas realizó un golpe de mano (…) en consecuencia, ni el Gobierno que ha recibido un mandato popular claro y plebiscitario, ni el Pueblo argentino (…) pueden permanecer inermes ante estos ataques abiertos a su decisión soberana (…) el Gobierno Nacional en cumplimiento de su deber indeclinable tomará de hoy en más las medidas pertinentes para atacar el mal en sus raíces, echando mano a todo el poder de su autoridad y movilizando todos los medios necesarios[31].

 

                     

Miembros de ERP en el monte tucumano

               

    Por otra parte, aparece un sentido elitista propio del «entrismo» que justificaba la idea de la «camiseta peronista»; ello se podría leer así: todavía el pueblo no tiene conciencia revolucionaria y por eso carece de una clara determinación de su enemigo y de la conducción revolucionaria que lo llevará a la victoria, pero en la medida que esa élite lúcida realice acciones que «desenmascaren» la verdadera contradicción, el pueblo se sumará a la guerra.  Por eso no se abandonan las armas.  Por eso esto es un proyecto distinto del de Perón.

 

    Al mes de su regreso definitivo, Perón se dirige a los jóvenes sosteniendo que a toda esa muchachada apresurada -a la que no critico porque esté apresurada, porque Dios nos libre si los muchachos no estuvieran apresurados- hay que decirle como le decían los griegos creadores de la revolución: «Todo a su medida y armoniosamente». Así llegaremos. No llegaremos por la lucha violenta: llegaremos por la acción racional e inteligentemente realizada en su medida y armoniosamente[32].

 

    Pero ello no fue comprendido por algunos y no les interesó comprender a otros y así llegamos al 1º de mayo de 1974, en que ocurrió un hecho que coadyuvó a la tragedia que se abriría el 24 de marzo de 1976.  En el acto convocado en la plaza de mayo para celebrar el “Día del Trabajador”, un sector de los asistentes al acto conducido por Montoneros, corea: “que pasa, que pasa/que pasa general/está llenos de gorilas/el gobierno popular” y pintará en una columna de la Catedral Metropolitana la leyenda “Perón gorila”. La provocación está llegando a su máxima expresión.

 

    ¿Qué es lo que estaba pasando allí?  Se estaba poniendo en tensión la esencia del Peronismo pues, ahora que Perón no era lo que los jefes de las organizaciones (“orgas”) decían que era sino que estaba allí, en presencia y no era ni Fidel Castro, ni un nuevo Mao ni el “che” Guevara  se ponía en juego la lealtad a quien era la conducción de un Movimiento Nacional, esto es, de una estructura de poder consensuado que busca armónicamente reconstruir no solo materialmente el país, sino también a través de la paz social, la trama solidaria que hace resistente a un pueblo. Ahí, en la plaza, se produce un cuestionamiento al poder de Perón. 

 

     Su respuesta no se hace esperar y Perón los trata en su discurso de “estúpidos e imberbes” resaltando el valor de los dirigentes “sabios y prudentes” provenientes del sindicalismo, los cuales eran cuestionados por «burócratas» por las organizaciones juveniles de la «izquierda del peronismo».

 

    Allí llega a su mayor  tensión el sentido de la lealtad entre los grupos de la Tendencia Revolucionaria Peronista y Montoneros.  La columna que los agrupaba se retira de la plaza, Montoneros decide volver a la clandestinidad y retomar la acción violenta -cometiendo un error estratégico de consecuencias impensables en ese momento- y la mayoría de los miembros y militantes de esa columna se irán desgranando para tomar una decisión. 

 

    El dilema abierto era reconocer la subordinación a la conducción de Perón y perder un barniz de «vanguardia» o romper con dicha conducción y colocarse fuera del universo justicialista, reivindicando para sí el carácter de «vanguardia popular».  La conducción de la Tendencia y de Montoneros opta por este segundo camino, posición insostenible ya intentada por Vándor: recrear un peronismo sin Perón.

 

    El 12 de junio de 1974 Perón convoca a la plaza de Mayo.  En menos de veinte día moriría y visto desde esa perspectiva suele pensarse este acto como una despedida, pero no fue para eso que Perón convocó -o al menos no solo- sino que allí sostuvo que serios peligros acosaban al Gobierno y al destino del país mismo y que pocos estaban colocándose a la altura de las circunstancias. Esta vez se trataba de los retardatarios.

 

    La información, como mi sentido de la realidad, me dicen que en el país está sucediendo algo anormal a lo que debe ser la marcha pacífica y serena de la tranquilidad […] ante la indiferencia de unos y la desaprensión de otros […] podemos estar acercándonos a una lucha cruenta que algunos insensatos intentan provocar […] Todos hablan de que fuerzas foráneas e interiores trabajan por crear trabas a la decisión tomada [la reconstrucción y liberación], pero pocos se ponen al servicio en defensa de esa buena causa, y en ello no hablo de los opositores sino muy especialmente de los propios partidarios, que poco hacen en efectivo para asegurar la pacificación -más adelante será más específico al respecto- nosotros propiciamos que el acuerdo entre trabajadores, los empresarios y el estado, sirva de base para la política económica y social de nuestro Gobierno […] a pocos meses de asumir ese compromiso clave para el país, pareciera que algunos firmantes de la gran paritaria están empeñados en no cumplir con el acuerdo […] sean empresarios o sindicalistas, creo que es mi deber pedirle al pueblo no solo que los identifique sino también que los castigue […también] los funcionarios oficiales que hayan violado el acuerdo tendrán su sanción”, luego le tocará el turno al mercado negro y los especuladores, la privatización de la televisión y el desorden en la Universidad.  Frente a ello anuncia que ha preparado un Modelo Nacional y que “nadie podría entonces llamarse a engaño […] porque en numerosas oportunidades vine anunciando mis intenciones y deseos[33].  

 

Un soldado llora por la muerte del General

    Pero el 1º de julio de 1974 muere Perón. Es llorado por propios y ajenos; cientos de miles de personas, bajo la llovizna persistente hicieron filas para darle el último saludo en el Congreso de la Nación donde es velado.  Luego, en una lenta marcha hasta la cripta instalada en la quinta presidencial de Olivos -donde se depositarán sus restos hasta el 24 de marzo de 1976- una larga y compungida columna interminable lo acompañará a pie por kilómetros.  Lloraban los encolumnados, lloraban los soldados que le rendían honores, lloraban en los balcones el personal doméstico y sus empleadores.  Pero más allá de las emociones, la muerte de Perón poseía un sentido político más profundo: la idea rectora que movió dos generaciones peronistas era la vuelta de Perón al poder, lo cual se había cumplido; pero éste muere sin poder desarrollar un trasvasamiento generacional armónico ni la consolidación del proyecto de paz y unidad nacional.  El Peronismo entra en lo que podríamos llamar una «crisis de conducción».  

 

    Queda a cargo de la presidencia María Estela Martínez de Perón en una situación verdaderamente crítica: 1) la vieja dirigencia argentina demostró ser incapaz de cohesionarse para continuar el desarrollo del proyecto de Perón; muy por el contrario, se desgarró en una lucha interna; 2) la falta de experiencia política y la sectarización juvenil hace imposible producir un trasvasamiento; 3) recordemos que en el plano internacional se reúne la Trilateral Comission; 4) Estados Unidos sale fortalecido de la crisis del petróleo de 1973; 5) la renovación de la convivencia de los imperialismos (EEUU- URSS) en Vladivostok (1974) tras el encuentro de Leonid Brezhnev y Gerald Ford, permite la «reorganización del patio trasero» y una serie de golpes de estado comienza el derrocamiento de gobiernos democráticos en América Latina.
                                          

Isabel es presidente

   

Con el reemplazo presidencial y la aparición de nuevos actores, tal el caso de José López Rega, los enfrentamientos crecen y de hecho favorecían el clima  necesario  para que  el  «golpismo» se hiciera fuerte. Es más, viendo el actuar de los diversos actores, tanto Montoneros o el «lopezreguismo» sabían que con su accionar colaboraban en el derrumbe de un gobierno débil.

 

    En el marco juvenil se forma lo que se llamó la  Juventud Peronista “Lealtad”,  que se nutre de miles de jóvenes que,  frente a la  tensión entre  Montoneros y  Perón,  se deciden por este último.  Dentro de este nuevo sector aparecen dos dirigentes, Carlos Maguid y Héctor Spina que dan una explicación de la situación: durante 18 años Perón fue el jefe táctico y estratégico de la lucha contra la dictadura.  Pero las condiciones de esa lucha hicieron crecer proyectos si no antagónicos, al menos diferentes al del General.  Eso ocurrió tanto entre los militantes como en las llamadas fomaciones especiales, a todos los cuales les cuesta reubicarse ahora […] la acción política debe predominar por sobre la militar.  De otra manera se contrapone el proyecto propio al de Perón y esa contradicción es insoluble.[34]

 

    El último acto de provocación de la guerrilla[35] fue el intento de copamiento del regimiento “Domingo Viejobueno” de la localidad de Monte Chingolo (Pcia. de Bs.As.) en diciembre de 1975. A donde se enviaron «al muere» a jóvenes por el mero hecho de producir una acción propagandística. La guerrilla estaba infiltrada por los servicios de inteligencia militar, el regimiento estaba preparado para repeler el ataque y los jóvenes que fueron enviados carecían de experiencia, entrenamiento y armamento para semejante procedimiento.

 

    La prensa escrita -como es habitual ante cada golpe de estado- ya ha tomado partido: se comenta que en el hecho ocurrido en Monte Chingolo hubo más de 50 muertos[36], poco tiempo después aparece citado en  “La Opinión” el comentario editorial de la revista “Criterio” (claramente golpista) donde se sostiene que es posible que el saldo impresionante, sabido y no sabido, del episodio de Monte Chingolo, produjo un sentimiento de alivio: cien muertos son cien enemigos menos y si fueran más, mejor, cualquiera haya sido la manera de muerte[37].  

 

    Los «retardatarios» si tendrán las fuerzas necesarias para tomar el gobierno y las instituciones y se aprestan a hacerlo. Los empresarios reunidos en la Asamblea Permanente de Grupos Empresariales APEGE juegan fuerte en la desestabilización del Gobierno y el punto culminante fue el «lock out» de febrero de 1976, convocado bajo los siguientes objetivos: el reestablecimiento del orden, de los derechos individuales, la revisión de la filosofía colectivista y estatista (sic) imperante, la derogación de la legislación laboral que otorgaba privilegios e inmunidades inadmisibles y la eliminación del proceso inflacionario.

 

    Por su parte la Sociedad Rural Argentina (SRA) al igual que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) participaba de esta visión si bien tomó iniciativa en ese campo.  Su presidente, Celedonio Pereda, comienza en 1975 una serie de «disertaciones» en ámbitos castrenses sobre la problemática del sector, que culminaron con una audiencia solicitada al Comandante en Jefe del Ejército -general Jorge Rafael Videla- para explicarle que el debilitamiento del sector agropecuario afectaba a la seguridad nacional.

 

    La Cámara Argentina de Comercio (CAC)  fue  una  de las más severas críticas del Peronismo y así lo expresaba su presidente Armando Braun: la crisis que enfrenta hoy nuestro país tiene carácter general y alcanza igualmente a todas las manifestaciones de la vida nacional. Como un cáncer, la crisis ha penetrado, se ha extendido y se ha terminado por contaminar todo el cuerpo social argentino […] Así como el proceso iniciado en 1853 estuvo fundado en la primacía de la razón […] el proceso político que comienza en 1945 tiene todas las características de los fenómenos patológicos. Al  compás del bombo y de la matraca y ante multitudes vociferantes se apagó de pronto la voz de la razón, desplazada por el mito y la concupiscencia[38].

 

    Cuando estas instituciones hablan de un país «desquiciado» es porque algunos de sus integrantes están «golpeando cuarteles».  El desquicio se produce en algo que consideran propio: el país y esta situación obedece a la imposibilidad de ordenarlo eficazmente en función de esos intereses, por eso son «los fragoteros».

 

ü      Los fragoteros

 

    Los grupos económicos que conformaron el núcleo de la conspiración estaban representados por tres sectores: el sector agropecuario, fundamentalmente compuesto por la SRA; el sector financiero, cuya cabeza visible era la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y finalmente estarán los miembros de la patria contratista encuadrados en la Unión Industrial Argentina (UIA).

 

    A pesar de la diversidad de intereses que poseían, los grupos económicos que apoyaron el golpe militar tenían en común la convicción de que en Argentina se desarrolló un capitalismo tortuoso[39] consistente en una mezcla de capitalistas débiles y sindicalistas fuertes.

 

    Se denomina a estos grupos como «liberales», pero de la doctrina liberal se desprenden una serie de consecuencias que nada tenían que ver ni con los civiles ni con los militares «fragoteros»[40]: la conflictividad aparecía cuando se trataba del redimensionamiento industrial, especialmente cuando se planteaba la necesidad de deshacerse de SOMISA, Fabricaciones Militares y Astilleros Navales; la revigorización del mercado de capitales y la crítica de las prácticas nacionalistas y estatistas también generaban desencuentros, lo mismo que la definición del futuro del Programa Nuclear Argentino.

 

    Lo que estos grupos sostendrán frente al «capitalismo tortuoso» es un discurso que culminan de articular después de la muerte de Juan D. Perón, al que consideran un «ahora o nunca»: erradicar lo que llamaron la subversión significaba desarticular el armado social que el Peronismo había realizado a lo largo de treinta años, cuyo eje eran los sindicatos; lo que los militares llamarán opositores «complacientes»[41] (radicales y la izquierda parlamentaria); desde el punto de vista institucional, lo que quedaba del estado de bienestar, y por último, la economía urbano-industrial -levantada desde la década del ’30- cuyo soporte social eran los que consideraban «trabajadores indisciplinados» y «empresarios ineficientes»[42]. En agosto de 1975, Videla es nombrado comandante en jefe del Ejército, en octubre -en el Ejército- se decidió preparar una carpeta con lineamientos generales, un juego en la mesa de arena, para ser utilizada sin fecha en un golpe de estado; según Juan Bautista Yofre[43]., el pedido del trabajo se realizó cuando se conoció que era irreversible el retorno de la Presidenta a la Casa Rosada[44], después de unos días que pasó recuperando su salud en Ascochingas (provincia de Córdoba)  y en noviembre de ese mismo año, el grupo fragotero encarga a José A. Martínez de Hoz y un equipo de empresarios y técnicos un plan de la nueva política económica a instrumentar, el cual quedará plasmado en un documento que lleva el título de Bases para una Argentina Moderna (1976-1980), que se dará a conocer el 2 de abril de 1976 en el discurso en el que, el ya ministro de Economía expone sus puntos de vista[45].

 

    Tras el golpe de estado, la SRA se quedó con la Secretaría de Ganadería y logrará la derogación de la ley 21251/75, evitando al sector el pago de ingresos brutos provinciales. Un aumento del 72% en los precios de la producción animal en 1976 define la política hacia el sector emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con lo expuesto por Celedonio Pereda -presidente de la SRA-: llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos[46].

 

    ADEBA -que reúne la banca privada nacional y extranjera- reclama y obtiene como botín el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Su titular, Narciso Ocampo, sostuvo ante la asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo que: la intervención de las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 pone fin a un período histórico argentino, se abre así una etapa de promisorias perspectivas ya que, cualquiera sea su evolución y resultados finales, el solo hecho de que se apunte al ordenamiento social y económico y se restituya el principio de autoridad, constituye un vuelco indiscutiblemente positivo[47].

 

    APEGE tenía entre sus miembros a la Unión Industrial Argentina (Jorge Aguado), la Cámara Argentina de Comercio (Armando Braun), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa -CAME- (Osvaldo Cornide), la Sociedad Rural (Celedonio Pereda), la Cámara Argentina de la Construcción (César Polledo, Roberto Meoli), la Cámara de Sociedades Anónimas (Federico Peña) y la Cámara de Grandes Tiendas (Juan Sabaté), organiza el 16 de febrero de 1976 un lock-out patronal, los apagones y el cierre premeditado de negocios como parte de una estrategia en la preparación del golpe de estado[48]. Su accionar junto al de algunos medios de comunicación buscó precipitar un estado de ánimo colectivo -particularmente de la clase media- a favor de un cambio de gobierno. Como resultado de ello y tras el golpe, la CGE es disuelta por medio del decreto 21.599/77, mientras que el resto de las organizaciones empresariales continúan su funcionamiento institucional.

 

    Otro sector del empresariado lo conforma el llamado «grupo Perriaux», el más liberal y antiperonista.  El nombre deriva del abogado Jaime Perriaux[49] y en cuya casa se reunían para conspirar Enrique Loncan, Mario Cadenas Madariaga, Luis y Carlos García Martínez, Guillermo Zubarán, Horacio García Belsunce, Luis García Venturini, Alberto Rodríguez Varela, el general (R) Hugo M. Miatello.  Quienes ponen «oficialmente» al grupo en contacto con el Ejército serán los generales Santiago O. Riveros, Carlos G. Suárez Mason y el mencionado Miatello. También informan al almirante Emilio E. Massera. En forma indirecta mantenían contactos con Walter Klein, Adolfo Diz, Alejandro Estrada y Manuel Solanet. Allí también concurría José A. Martínez de Hoz[50].

 

    Este último quedará al frente del Ministerio de Economía, y proviniendo de la presidencia del Consejo Empresario Argentino, cuyos miembros eran  Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc, buscará allí a quienes serán funcionarios del gobierno militar, por eso no es extraño que se promulgara con carácter de decreto-ley el 21.356/76 interviniendo las asociaciones profesionales e inmediatamente se le devuelve la personería jurídica a la UIA.

 

   

 

  • ü ¿Porqué un nuevo golpe militar?

 

Se impone la Dictadura Militar

El comando cívico-militar que encabeza el «golpe de estado» de 1976 reconoce que las sucesivas interrupciones del orden constitucional que se inician a partir de 1955 no pueden resolver lo que consideran una «crisis crónica», tal como lo plantea Genaro Díaz Bessone en el Proyecto Nacional. Tras la experiencia del general Juan C. Onganía en 1966, ya se le reconoce a esa crisis raíces profundas que imbrican la política, la economía y la sociedad misma[51].

 

    Uno de los elementos centrales que gravitaba en la realidad hasta entonces, y que en 1976 ya no existe, es Juan D. Perón, el cual con su movimiento simbolizaba casi todo aquello que la «camarilla militar» despreciaba. Esta situación la expresaba sin ambages el titular de la publicación inglesa The Economist que reproducirá en Buenos Aires el diario Clarín: Juan Perón está muerto, la Junta Militar ya no deberá competir con el rey instalado del otro lado del Océano. Videla puede esperar en forma razonable que el peronismo se rompa en mil pedazos[52]. Otra de las cuestiones es el grado de homogeneidad alcanzado por la «camarilla», en la comprensión del modus operandi que siempre había tomado el Peronismo para enfrentar las proscripciones o la persecución, refugiándose tras las estructuras sindicales y desde allí reconstruyendo su propio espacio político.

 

    Por último, no son las explicaciones «militares» las que justifican el golpe de estado; con esto queremos decir que relativizamos el peso que se le ha otorgado al accionar de las organizaciones guerrilleras desde el punto de vista de su capacidad política u operativa, lo cual no significa que ésta haya sido nula. Lo que afirmamos es que de manera alguna estaban en situación de poner en riesgo el orden institucional o tuvieran alguna posibilidad de tomar el poder. 

 

    Pero pensando este período desde el 24 de marzo de 1976, podemos preguntarnos que ocurrió para sostener la afirmación de Jorge R. Videla respecto de que Argentina estaba al borde de su disolución; y para ello resulta imprescindible analizar la magnitud de las organizaciones guerrilleras en ese momento, particularmente, la cantidad de cuadros combatientes, pues tanto el ERP como Montoneros tenían integrantes con diversos grados de compromiso, que iban desde adherente (máximo grado de exterioridad organizativa) hasta el militante «profesionalizado» (de tiempo completo) y el cuadro de combate[53].

 

                                      

 

    En octubre de 1975, el Ejército estimaba que los miembros del ERP eran 280 cuadros militarmente activos y 3000 de escaso valor militar[54] y en abril de 1977 la Junta Militar estimaba que la fuerza de Montoneros era entre 2.843 y 2.883[55]

 

    En lo que hace a las acciones de las organizaciones armadas existe un poco más de claridad, si bien es difícil, cuando se habla de muertes cuantificarlas, pues parecería que depende de la cantidad su justificación o no. Para nada se trata de eso, toda muerte injusta o alevosa no puede ser justificada; lo que haremos sí es traducir en números la violencia ocurrida entre el 25 de mayo de 1973 y el  24 de marzo de 1976 para tratar de entender cuál era el verdadero peligro -desde el punto de vista militar- del operar de los grupos guerrilleros. Las víctimas de la violencia fueron 1.358 durante ese período, de las cuales 66 eran militares, 136 policías provinciales, 34 de la Policía Federal, 445 guerrilleros y 677 civiles[56].  Puesto en cifras y tomando en cuenta el creciente descrédito que las organizaciones guerrilleras iban ganando, eran un claro signo de su derrota política. 

 

    Coincidentemente con ello, en enero de 1976, el comandante en jefe del Ejército, Jorge R. Videla, elaboró un informe sobre las organizaciones guerrilleras donde se las caracteriza como de impotencia absoluta en cuanto a su poder militar, señalando que se habría demostrado la incapacidad de los grupos subversivos para trascender en el plano militar[57].

 

    Es así difícil sostener que había -desde ese punto de vista- un descontrol que afectaba las supervivencia de las instituciones.  Lo que sí había es un gobierno débil frente a los factores de poder que finalmente se aglutinaron junto a la «camarilla militar». Aun en esa debilidad, la presidenta María E. Martínez de Perón fija una posición que no permite ambigüedades de interpretación respecto de la voluntad del Gobierno frente al accionar de las organizaciones armadas. El 8 de octubre de 1974, ante la Asamblea Multisectorial compuesta por la CGT, CGE, 62 Organizaciones, partidos Federal, Conservador Popular, Demócrata Progresista, Intransigente, Socialista Democrático, Socialista de los Trabajadores, Socialista Popular, Unión Popular, Justicialista, Popular Cristiano, Revolucionario Cristiano, Frente de Izquierda Popular, UDELPA, MID, Nueva Fuerza y UCR, más el gabinete nacional, la presidenta sostuvo: La tolerancia tiene un límite muy bien prefijado (…) por ello en nuestro deber de gobernantes y de argentinos, hemos enviado al Congreso Nacional los proyectos de instrumentos legales que, aprobados por ambas Cámaras Legislativas, hemos promulgado y puesto en vigencia de inmediato para dominar el pernicioso avance del terrorismo[58].

 

    Las medidas y acciones señaladas, en el marco del estado de sitio, fueron suficientes para contrarrestar la actividad de las organizaciones lanzados a la lucha armada. Ellas se complementaron con la promulgación de los decretos 2.770/75, 2.771/75 y 2.772/75 el 6 de octubre de 1975 y firmados por Italo A. Luder -presidente provisorio del Senado en ejercicio del Poder Ejecutivo- abriéndose la posibilidad de organizar la represión legítima en forma legal. Reincorporada en el ejercicio de sus funciones la presidente Martínez de Perón encomienda a José Deheza la redacción de un proyecto de ley que contemple las necesidades de la defensa nacional, y sustituya el decreto-ley 16.970/66 promulgado por el general Juan C. Onganía.

 

    El proyecto ingresa en la Cámara de Diputados el 21 de octubre de ese mismo año y es aprobado con reformas, el 31 de noviembre.

 

    Hay dos elementos centrales sobre los que se construye el proyecto: 1) Para que actúen las Fuerzas Armadas es necesario que se declare al territorio donde operarán como «zona de emergencia», lo cual solo puede plantearse por conmoción interna grave. Esa herramienta decisoria está en manos del presidente (artículos 26 y 30). El tema es debatido y finalmente se aprueba que el Poder Ejecutivo tomará la decisión pero debe informar inmediatamente al Congreso para su ratificación o rectificación. 2) Se mantiene la autonomía de los magistrados judiciales que desempeñen funciones en los teatros de operaciones (artículo 29 y 35), sosteniendo la garantía de los derechos de quienes fueran detenidos o prisioneros. Finalmente, sostiene la explícita prohibición -aun en el ámbito militar- de establecer la pena de muerte y deroga los tres decretos firmados por Luder.

 

    El llamado Grupo de Trabajo compuesto, entre otros diputados por Ricardo de Luca, Nilda Garré, Luis Rubeo, Carlos Auyero, Carlos Imbaud, Julio Migliozzi, Jesús Porto, Enrique Osella Muñoz, Eduardo Farías, Roberto Bustos, Julio Mera Figueroa, Carlos Palacio Deheza, Luis A. Sobrino Aranda y Julio Bárbaro obstruyen el llamado a sesiones extraordinarias amenazando solicitar un juicio político a la presidenta, lo cual hace que el proyecto aprobado en diputados no se pueda tratar en 1975 en el Senado. Abiertas finalmente las sesiones extraordinarias el 24 de febrero de 1976, las acciones psicológicas de preparación del golpe de estado (lock out, la prensa, etc.) tuvieron más peso sobre los senadores que la necesidad de tratar dicho proyecto.

 

    A fines de 1975 estaba prácticamente concluido el operativo de control y dominación del foco subversivo de Tucumán y las organizaciones guerrilleras carecían de los medios para crear verdaderos problemas de seguridad. Los dos últimos ataques de alguna envergadura contra instalaciones militares fracasan  (Formosa y Monte Chingolo) por encontrarse en aviso de lo que sucedería, lo cual  demuestra hasta qué punto los servicios de informaciones de las Fuerzas Armadas habían infiltrado las organizaciones guerrilleras[59].

 

    A partir de ese momento los grupos guerrilleros sólo mantuvieron aptitud para la ejecución de actos terroristas aislados. En general, estas acciones se efectuaban en días feriados o de franco para la mayoría del personal y bajo la forma de operativos relámpago, con propósitos fundamentalmente propagandísticos. Hubo algunos que tuvieron como objetivo a jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, pero fueron ejecutados por un único protagonista -como la bomba que arrasó el comedor de Coordinación Federal- pero ni el ERP ni Montoneros podían organizar una resistencia armada[60].

 

     De acuerdo con lo que sostiene Martín Andersen, a fines de 1975, el ERP era la fuerza irregular más pequeña aunque la más virulenta, había sido diezmado. Y, para ese entonces, los dos dirigentes de la organización Montoneros estaban colaborando activa -y secretamente- con la Inteligencia del Ejército: uno voluntariamente (Mario Firmenich), el otro después de haber sido capturado (Roberto Quieto)[61].    Al respecto hay dos hechos muy significativos: los testimonios filmados en la película documental Cazadores de utopías (dirigida por Ernesto Jauretche) muestra a activistas vinculados a Montoneros que cuentan su reclamo de la distribución de armas y dinero para ocultarse y resistir a partir del golpe de 1976, frente a lo cual, la conducción de la organización guardó silencio y no efectuó ninguna acción al respecto. El otro caso es el de la llamada «contraofensiva» en 1979, donde a la mayoría de los que intentan ingresar al país se los espera en cada lugar de paso y son muertos[62]. Respecto de esta última decisión, aparece publicada en la prensa francesa una carta donde anuncian la ruptura con Montoneros Rodolfo Galimberti y Juan Gelman, donde sostienen que se han  agravado viejas desviaciones nunca corregidas del todo, a la vez que ha favorecido la aparición de nuevas deformaciones: resurgimiento del militarismo de cuño foquista (…) reafirmación de la concepción elitista del partido de cuadros, que ha generado un progresivo aislamiento de las masas y de sus organismos reivindicativos naturales -entendemos una clara referencia al movimiento obrero organizado- la reiterada aplicación de prácticas conspirativas de los cuadros del partido (…) El sectarismo maniático que pretende negar toda representatividad en el campo popular a quien no esté bajo el control estricto del partido y se sostiene que existe una negociación ya entablada, aludiendo a los contactos que Massera hace con Montoneros[63].

 

    Es de notar que, durante la retirada de la dictadura, en 1983, se publica un documento justificatorio donde se hace mención de la magnitud de la estructura subversiva que llegó a contar en su apogeo con veinticinco mil subversivos, de los cuales quince mil fueron combatientes, es decir, individuos técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar[64]. Frente a lo grosero de la exageración conviene aclarar lo siguiente: 1) la cantidad de bajas reales que sufrieron las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983 no se condice con un enfrentamiento a quince mil cuadros de combate[65]; compárese con el Ejército Francés que tiene veinticuatro mil bajas en Argelia[66], 2) que lo importante en este tipo de guerra no es a cuantos combatientes se enfrenta sino qué apoyo entre la población poseen[67], 3) que es insostenible suponer que el apogeo de las organizaciones guerrilleras fue posterior a 1976, pues no se toma en cuenta en esa afirmación el costo que tuvo para Montoneros la descalificación  por parte de Perón el 1º de mayo de 1974 y las derrotas militares sufridas por las organizaciones armadas en Tucumán, Formosa y Monte Chingolo durante 1975[68];  en el caso de sostener que su apogeo fue anterior, significa que llegan a 1976 notoriamente debilitadas, o más precisamente derrotadas en la viabilidad de su proyecto; ello significaría por lo tanto que cualquier acción que debiera realizarse podría haberse enmarcado en los términos de la legalidad.

 

    Es cierto que en 1975, tanto en el ERP como en Montoneros existía una euforia militarista que se había apoderado de sus conducciones, que concebían la situación de las organizaciones como resultado del cruce de dos razonamientos: en lo interno, «menos pero más combativos», y en lo externo, «cuanto peor, mejor». Por ello se lanzan a una provocación masiva a las Fuerzas Armadas -llevan adelante una gran cantidad de acciones militares, como el intento de copamiento al Regimiento de Infantería 29, en Formosa- que crean las condiciones que justificarían un «golpe de estado», pues la idea era que la consolidación de estas organizaciones se daría en forma más rápida bajo una dictadura militar.

 

    Pablo Gerchunoff y Lucas Llach platean un proyecto que habrían evaluado los militares por ese entonces: entre los planes políticos previos al golpe se manejó la alternativa de un gobierno relámpago que en seis meses acabara con la guerrilla y llamara a elecciones[69]. Pensamos que esta posibilidad «profesionalista» nunca pudo haberse tomado demasiado en serio ni por la «camarilla militar» ni por sus socios civiles.

 

    Para muchos miembros de la clase media, sin embargo, esos días son recordados como caóticos, pues de lo que se trataba ya no era del regreso de Perón, lo cual no sólo hubiera sido visto como inevitable sino como una «fiesta», se trataba del costo de la transición que Perón había llamado «la reconstrucción del hombre argentino». Ello no era otra cosa que tratar de resolver la intolerancia generada por 18 años de debate contumaz, sobreponerse a una clase dirigente a la cual los tiempos se le habían acabado y lograr la aparición de un «trasvasamiento generacional» capaz de conducir a nuestro país en un camino de institucionalización. Estos sectores -aun concibiéndose como progresistas- no sólo no comprendían el significado de la transformación propuesta por Perón sino que poseían una visión intelectualizada de lo que llamaban «hacer la revolución», pero el Peronismo no era el romanticismo de los grafiti de París del 68 (Desabrocha el cerebro tan a menudo como la bragueta); entrar en La Habana, pero sin la campaña de Sierra Maestra; la emoción de “Morir en Madrid” o “La batalla de Argel” y a la salida del cine ir al café La Paz a liberar el mundo.  Sí lo tenían en claro los miembros de la oligarquía y los factores de poder opuestos a ese cambio, que aprovechan la funcionalidad del descontento de estos sectores.

             

             

    Y como la realidad contrariaba las fantasías, se comenzó a buscar un culpable y un camino de salida. Los medios de comunicación, especialmente los diarios, comienzan a expresar distintas políticas frente a la situación. El diario Clarín registra la particularidad que desde 1974 posee una línea editorial que privilegia las cuestiones económicas; a pesar de ello, el 12 de diciembre aparece con un titular en portada que dice: Las FFAA deben esperar hasta el último momento[70], y a partir del 17 de marzo de 1976 comienza a apelar a los titulares de catástrofe, prediciendo la necesidad de eliminar la violencia[71]

 

    Por su parte, La Opinión, el diario que se considerará la expresión de la «inmensa minoría» (jóvenes universitarios, empresarios, clase media- alta en general) titulará el 23 de marzo de 1976: Una Argentina inerme ante la matanza; Jacobo Timerman -su director- una vez más conspiraba junto a la «camarilla militar»[72], convencido de que Jorge R. Videla y Roberto Viola representaban un sector democrático en el seno del Ejército[73].

 

    El vespertino La Razón -al que podríamos caracterizar como órgano oficial del «golpe de estado»- comienza su campaña de acción psicológica mediante los titulares de sus portadas a partir de mediados de febrero de 1976, anunciando La posición de las Fuerzas Armadas y los Preparativos para el paro empresario[74]; a los pocos días titula Tensa situación política[75], luego será Inminentes decisiones[76] y al día siguiente Reunión de Comandantes[77], luego Reunión de mandos[78]; en su edición dominical sentenciará La semana próxima será decisiva para el proceso[79] hasta llegar a las vísperas con un Inminente final. Todo está dicho[80]. La respuesta al apoyo brindado por la prensa a los golpistas se traduce en 1978 en la incorporación «gratuita» de La Nación, La Prensa y La Razón al directorio de la empresa estatal Papel Prensa, capaz de producir 480 toneladas de papel para diario por día en su planta de San Pedro. Esta empresa contaba con el monopolio de este insumo.

 

    El embajador de los Estados Unidos, Robert Hill[81], escribía a la Secretaría de Estado que se avecinaba un golpe militar en Argentina, uno de cuyos objetivos era la eliminación del movimiento obrero[82], el día mismo del golpe de estado se informa que éste es anti-peronista y contrario a la posturas sindicales[83].

 

    Respecto del reconocimiento de la responsabilidad por los hechos cometidos, nada mejor que citar al general de división, Santiago Omar Riveros, que en su condición de comandante de Institutos Militares y por lo tanto jefe de la región de Campo de Mayo dirigiera en el período 1976/79 gran parte de la acción represiva (además de integrar la cúpula del «generalato» que decidiera la política adoptada en septiembre de 1975), dijo en su discurso de despedida de la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, el 12 de febrero de 1980, lo siguiente: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores; nunca necesitamos, como se nos acusa, de organismos paramilitares… Esta guerra la condujeron los generales, los almirantes y los brigadieres de cada fuerza… La guerra fue conducida por la Junta Militar de mi país, a través de los Estados Mayores”[84].

  

    ¿Qué era lo que se quería dejar atrás? Había un gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón, que ante la crisis política[85] -o, para decirlo en términos de la época, ante el «vacío de poder»- había convocado a elecciones para octubre de 1976… Claro que el próximo presidente sería peronista y seguramente contaría con el aval sindical[86].

 

    A su vez, a partir de 1973 había crecido el producto bruto interno por habitante y la desocupación había bajado a lo que técnicamente es «cero». Además, existían hechos producidos por el Gobierno la ley 20557/73 -a la que nos hemos referido- que buscaba resguardar las decisiones de la política económica respecto de las presiones de las corporaciones transnacionales[87]; el decreto 632/74 que nacionaliza las bocas de expendio de combustible[88]; se da inicio al sistema integral de salud para que todos los habitantes tengan cobertura médica; se firman acuerdos comerciales que abren los mercados de la Unión Soviética y los países del este europeo[89]; se promulga la Ley de Contratos de Trabajo (20744/74) con tratamiento de avanzada en materia de seguridad social y protección laboral[90]; se instrumentan los planes de vivienda “Eva Perón” y “17 de octubre”.

 

    El caos del cual se hablaba en aquellos días[91], estaba representado por el aprovechamiento de la debilidad del Gobierno y las operaciones -funcionales entre sí- de los grupos de los grupos de presión económica y las organizaciones armadas; pero es necesario recordar que el desempleo era del 2% y la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población era de 12 veces[92]; los pobres en zonas urbanas eran el 5% de la población, en 1983 alcanzarán al 18% mientras que en 2005 son 33.8%[93], mientras que en el producto bruto interno, los trabajadores participaban con el 45%, en 1983 solo lo hacían con el 25% y en 2005 con el 20%[94].    Desde el punto de vista educativo, se buscó organizar desde el Ministerio de Cultura y Educación un enorme movimiento que permita atacar el analfabetismo.  Así 10.000 personas, entre docentes y voluntarios, organizados en centenares de grupos de alfabetización, trabajan diseminados a lo largo de todo el territorio. 

 

 

 

    Es interesante ver la opinión que de esos días tiene un historiador que, por su confesa oposición al Peronismo no puede ser sospechado de apologista. La crisis social era menos grave de lo que nos contaron los represores (…). La economía, básicamente sana, dejaba margen para la negociación con sindicatos en tensión pero -se sabe- constitutivamente negociadores[95].

 

    Pero 1975 fue un año difícil.  La disputa política por cubrir el vacío de poder que había dejado la muerte de Perón convulsionaba la sociedad toda.  Desde el punto de vista de la economía del país se desarrollaba un creciente proceso inflacionario, se producía evasión de divisas, un importante déficit fiscal, y una caída de la productividad. Pero lo que complicaba sobremanera todo el cuadro económico, según los empresarios, era la convocatoria a la Gran Paritaria Nacional.  La libre discusión de los convenios salariales consistía en el cumplimiento del Acta del Compromiso Nacional de 1973. Los salarios estaban dentro del grupo de los precios controlados desde 1967 y por lo tanto bajo control estatal.

 

    En ese ámbito, como en los demás, la cuestión a decidir no era un problema técnico de si se aplicaba tal o cual receta económica. Estaba claro que muerto Perón, todos pedían la herencia. La Presidenta[96] conservaba todavía un valor simbólico complejo. Aunque carecía de carisma personal, como portadora del apellido Perón podía ser la prenda de unión del Peronismo. Pero al no poder guardar una posición equidistante -propia de toda conducción- que le permitiera,  por lo menos,  negociar con los distintos sectores fue sumiéndose en un sector más y no precisamente el más fuerte.

 

 

 

    El Gobierno comprende la gravedad de la situación y convoca a elecciones anticipadamente en octubre de 1976 (debían producirse en 1977). La llamada izquierda peronista tras el Partido Auténtico convoca a un frente electoral de centro-izquierda junto a Oscar Alende (Partido Intransigente), Héctor Sandler (Corriente Argentina Revolucionaria), Horacio Sueldo (Partido Revolucionario Cristiano) y otros sectores menores.  Pero el intento de copamiento del cuartel de Monte Chingolo por parte de Montoneros hace que el Gobierno ilegalice al Partido Auténtico.  Luego llegará Ricardo Balbín -que ya había denunciado la guerrilla en las fábricas- y declara la puerta abierta al golpe militar al afirmar: me piden soluciones, no las tengo.

 

    La presidente María Estela Martínez de Perón recuerda ante una asamblea de la CGT el 10 de marzo de 1976 que hace pocos días me  dirigí al país para señalar la emergencia económica que enfrentamos […] Muchos, que debieran estar sentados como responsables en el banquillo de los acusados por lo que está sucediendo, descaradamente se han lanzado a proclamar nuestra quiebra como Nación, como Gobierno,  como Pueblo y como posibilidad de realización histórica, [desean] una guerra de devastación cuyo único objetivo es voltear las chimeneas que levantó Perón[97].

 

    La reacción de la dirigencia política que había colaborado o tolerado intervenciones militares en las más diversas circunstancias fue de resignación antes que de resistencia. La sensación que expresaban era la que amplios sectores de la clase media también poseía: ningún cambio puede ser para peor, concluyó teniendo más peso que cualquier argumento legalista, o la esperanza de una renovación presidencial, que de acuerdo con lo convocado por el gobierno se haría en octubre de ese mismo año.

 

    La detención de la presidenta Martínez de Perón y el cambio de gobierno el 24 de marzo no generaron gestos de resistencia ni aun declaraciones de contrariedad. Aquellos civiles que apoyan silenciosamente el golpe sostendrán que se llegó allí al cabo de una agonía larga, un proceso de autodestrucción que ocupó el año 1975, y que convenció a todos, amigos y adversarios, de la fatalidad del fracaso. Sólo tras paciente espera, cuando esta convicción se hizo onda y generalizada, las Fuerzas Armadas decidieron moverse[98].

 

    No nos referimos aquí a los fragoteros sino de lo que Videla llamó el «consenso tácito», la base social del golpe. Se trata del empresariado y sectores de la clase media alta que como sector emergente es incapaz de crear una fuerza política electoralmente eficiente. Los partidos que podrían albergarla -los intentos de Álvaro Alsogaray o la UCR- se debilitan sin dar lugar al tipo de partido socialdemócrata que aminora las tensiones sociales -sin ser «gorilas» en clave argentina- al par que resguarda la continuidad de un desarrollo capitalista. No es casual que Alsogaray siempre pusiera como modelo el desarrollo político alemán de post-guerra.

 

    Estos sectores carecen, entonces, de una representación política que consideren genuina y acorde con el papel central que desempeñan en lo económico; ello hace que la representación política de los trabajadores y una parte de la clase media -encarnada en el Peronismo- adquiera una preeminencia electoral completa. Si no se logra una alianza entre ambos factores -como propuso Perón en 1973- comienza a desarrollarse un tensionamiento creciente entre la democracia política y la eficiencia económica vista desde el mercado; a su vez, si la tensión no se resuelve, aparece por parte de los sectores que representan esta última posición la posibilidad de la salida autoritaria.

 

    El 24 de marzo de 1976 se cerraba una esperanza y se abría un proceso.

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